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1 de Julio de 2025
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Con 75 votos a favor y 34 en contra en lo general, y 75 a favor y 32 en contra en lo particular, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional y se reforman ocho ordenamientos legales para armonizarlos con la reforma constitucional en esta materia avalada en 2024.
El documento fue turnado al Ejecutivo Federal y se convierte en el décimo cuarto asunto desahogado en el actual Periodo Extraordinario del Congreso de la Unión, que coincidió con el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional.
Por Morena, el senador Luis Fernando Salazar Fernández detalló los alcances de la reforma que permitirá a la Guardia Nacional fungir como un eje estratégico de la política de seguridad. Subrayó que esta fuerza debe consolidarse como un cuerpo sólido y permanente para atender tanto las causas como las consecuencias de la violencia heredada por gobiernos anteriores.
Por el contrario, el senador Enrique Vargas del Villar del PAN reconoció el papel de las Fuerzas Armadas pero criticó la reforma por considerarla insuficiente para enfrentar la crisis de inseguridad, señalando la ausencia de policías en más de 700 municipios y subrayando que el Ejército y la Guardia no pueden fungir como policías de local.
Desde el PRI, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora manifestó un rechazo contundente al dictamen, al considerar que contribuye a la instauración de un aparato de control político vertical y armado. Criticó además la falta de controles democráticos sobre la Guardia Nacional y el uso indebido del Ejército, denunciado por organismos internacionales.
El senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) destacó que las reformas brindan un marco legal robusto a la Guardia Nacional para combatir el crimen bajo un mando civil, y aseguró que se trata de una medida orientada a proteger a la ciudadanía.
Por el Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, apoyó el proyecto al afirmar que profesionaliza a la Guardia Nacional bajo un esquema de coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin militarizar la seguridad pública. Recalcó que se respeta la figura de mando civil y que se apuesta por una corporación con formación mixta, profesional y con respeto a los derechos humanos.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich de Movimiento Ciudadano advirtió que la reforma significa una renuncia al mando civil y criticó la falta de mecanismos de rendición de cuentas, acusando una militarización encubierta de la seguridad.
@NoticiaCongreso
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