En el Senado de la República, el debate sobre la figura de “jueces sin rostro” continuo por segundo día consecutivo, donde legisladores y especialistas coincidieron en que la propuesta del Ejecutivo Federal exige una revisión profunda del sistema penal acusatorio y de sus equilibrios frente a los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, sostuvo que la iniciativa debe analizarse con una visión integral durante la segunda mesa de análisis. El legislador planteó reconsiderar esta iniciativa que plantea la identidad reservada de juzgadores.
A su juicio, el proyecto presentado constituye apenas una reforma parcial orientada a homologar conceptos derivados de la reforma constitucional, por lo que anunció la continuidad del debate hacia una transformación más amplia del proceso penal mexicano. El senador advirtió que el verdadero desafío consiste en conciliar la protección de los juzgadores con los estándares internacionales.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) consideró que la propuesta cuenta con tropiezos, razón por la que llamó a construir una reforma integral respaldada por especialistas y diagnósticos técnicos sólidos.
Entre los expertos predominó una postura crítica. Coincidieron en que la figura del juez sin rostro podría contravenir los compromisos internacionales asumidos por México y provocar observaciones similares a las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Perú y Colombia, países que aplicaron modelos semejantes.
El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Jorge Nader Kuri, planteó ampliar el análisis hacia la protección integral de todos los operadores del sistema penal. Sugirió valorar el anonimato no sólo para jueces, sino también para magistrados, jueces de amparo e incluso agentes del Ministerio Público, con el objetivo de garantizar decisiones libres de presiones o amenazas.
La penalista Mariana Cruz Castro sostuvo que antes de recurrir al anonimato judicial deben fortalecerse las medidas de seguridad ordinarias para los juzgadores. Afirmó que introducir esta modalidad sin ajustes adecuados en las leyes secundarias podría vulnerar derechos humanos y derivar en nulidades procesales.
Desde la práctica jurídica, Rafael Beltrán Ramos, fundador de Beltrán Abogados, propuso revisar a fondo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para precisar qué delitos permitirían aplicar la identidad reservada y establecer con claridad que la solicitud corresponda exclusivamente a los jueces, evitando su uso estratégico por parte del Ministerio Público.
El investigador del Inacipe, Alberto Enrique Nava Garcés, advirtió sobre los riesgos de endurecer excesivamente las reglas penales. Señaló que tales medidas suelen generar excepciones que terminan ampliándose peligrosamente; en este caso, dijo, el anonimato podría extenderse hacia fiscales, testigos e incluso ministros “sin rostro”.
