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En votación económica, el Pleno de la Comisión Permanente, avaló un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que informe los avances en el diálogo relativo a la devolución de los ahorros de los extrabajadores del Programa Bracero en los términos dictados en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para fundamentar el punto de acuerdo, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) comentó que la decisión del máximo tribunal del país, ordenó en su momento a la Secretaría de Gobernación a que estudiara nuevamente la petición de los trabajadores migratorios, y que emitiera una respuesta congruente con lo solicitado. Comentó que es “necesario investigar quién abusó de los recursos de los braceros, dónde se invirtieron, dónde quedaron y con qué facultades se utilizaron.”
Por su parte, la diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) puntualizó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es clara y contundente, ya que señala y ordena al Ejecutivo Federal la restitución de los fondos de ahorro a los trabajadores braceros, así como los accesorios legales correspondientes por los años transcurridos desde el inicio del programa.
Dentro de las principales problemáticas, se destaca que los exbraceros desconocían dicho Fondo de Ahorro, por lo que en 1998 comenzaron a organizarse para crear el Movimiento Unificado de Ex Bracero, tanto en México como en Estados Unidos, para luchar por la devolución de dicho fondo; para atender la problemática de esos trabajadores, se constituyó en el 2005 el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y entre los años 2005 y 2012, el Gobierno Federal asignó recursos presupuestales para el otorgamiento de un pago por 38 mil pesos a los trabajadores y familias afectadas, sin embargo, los promoventes del punto de acuerdo, destacan que desde 2013, no hay una asignación presupuestal para el apoyo social de este grupo.
Por lo anterior, la Primera Comisión de la Permanente, también exhortó a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus competencias, se investigue respecto al destino de los recursos pertenecientes a los ahorros de los extrabajadores del programa bracero.