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La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito, la diputada Patricias Terrazas Baca (PAN), comentó que la minuta relativa a la defraudación fiscal, prevé disposiciones en materia de combate a empresas fantasmas que se consideran amenaza a la seguridad nacional y como delito que amerita prisión preventiva oficiosa, por ser catalogado dentro de los delitos de delincuencia organizada. La legisladora, señaló que cuando el delito sea cometido por un servidor público en funciones, será destituido de su empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar algún cargo público.
Al respecto, el catedrático de la Escuela Libre de Derecho, Rodolfo Félix Cárdenas, ejemplificó que puede ser el caso que exista un fraude en el cual no se utilicen este tipo de documentos, en donde no haya ningún contacto con esas factureras y ese fraude fiscal que no tiene que ver con lo que se ha vendido de empresas fantasma, conlleve a que esa persona jurídica “pueda ser considerada elemento o miembro de la delincuencia organizada, ese es el fondo, no son las factureras,” enfatizó.
Por su parte, Samuel González Ruiz, investigador de Inacipe, puntualizó que se deben analizar los impactos y determinar penas racionales a través de estrategias que se siguen en los Estados Unidos como las mínimas mandatarias que los jueces tienen que aplicar. Señaló que otro de los aspectos que se deben considerar con mucha importancia, son las consecuencias en el tema de prisión preventiva, el cual tiene que manejarse con otro tipo de elementos.
Asimismo, Ángel Junquera Sepúlveda, presidente del Ilustre y Nacional Colegio Nacional de México, destacó que, con esta reforma, se busca sancionar prácticamente a todos los empresarios del país y a todos los usuarios de servicios que hoy el gobierno regula. Señaló que se va a suspender la inversión privada y va a generar muchas detenciones que, sin duda, serán ejemplificativas, pero no tendrán las consecuencias esperada; el especialista pidió hacer un estudio profundo de lo que sí debe modificarse, así como respetar el Estado Libre de Derecho.
Finalmente, Eduardo Méndez Vital, de la Barra Mexicana de Abogados, estableció que hay una exageración en cuanto a la manera en la que se quieren atacar ese tipo de situaciones, por lo que comentó que, se podría tener un mejor procedimiento del carácter civil iniciado por el Ministerio Público en materia de extinción de dominio, en donde sólo en ciertos casos, puede existir una ventana anticipada a la sentencia.