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Con el objetivo de compartir experiencias para lograr un apoyo económico como el ingreso vital mínimo para los afectados por la crisis derivada de la emergencia sanitaria por COVID-19, legisladoras, legisladores, expertas y expertos de diferentes países participaron en el foro “Por un ingreso vital: Perspectivas Internacionales”.
Expresó que los efectos de la pandemia van a ser “dolorosos y devastadores en nuestras economías regionales”, refirió que un Estado democrático debe ser responsable de garantizar la subsistencia de los grupos más vulnerables de la sociedad, por lo que expresó su disposición por deliberar y buscar soluciones junto con el Ejecutivo y los sectores sociales en la materia.
La senadora Patricia Mercado Castro de Movimiento Ciudadano y quien promovió este encuentro, señaló que este espacio busca ampliar el debate y mejorar propuestas para hacer frente a la crisis de bienestar, sanitaria y económica. Y es que uno de los principales retos es saber cómo se enfrenta la subsistencia de millones de personas que antes de la pandemia ya eran vulnerables en los distintos países de América Latina debido a la falta de empleos.
“Es inexplicable que el Estado mexicano no haya implementado todavía un programa para apoyar a quienes han perdido sus empleos e ingresos por la pandemia”, expresó el senador de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda Hoeflich, a la vez que hizo un llamado a aprobar con urgencia el ingreso vital mínimo en México como un acto de justicia. A decir del legislador, el ingreso vital debería ser un derecho en esta emergencia sanitaria porque las personas que se han quedado en casa han contribuido a un bien público.
En tanto, Mauricio Merino, coordinador de la Red Nacional Nosotrxs, aseguró que nadie pudo prever el alcance de la crisis económica en la que un amplio número de mexicanas y mexicanos han perdido sus ingresos, mientras la economía se mantiene en números negativos, por lo que desde marzo la organización que coordina propuso al Congreso un ingreso vital de emergencia.
En el evento organizado por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y la Red Nacional Nosotrxs, participaron alrededor de 12 legisladores y expertos de seis países de América Latina, quienes compartieron sus experiencias respecto a la implementación de un ingreso vital en sus naciones.