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Ante el pleno de la Cámara de Senadores, los diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas, donde se expusieron proyectos en materia de salario digno, incentivos al empleo de personas con discapacidad y servicios de entrega a través de plataformas.
Por parte del Partido Acción Nacional, el senador Miguel Márquez Márquez se pronunció sobre el proyecto de reforma al artículo 4 constitucional, el cual incluye el acceso a espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles entre los derechos de las familias mexicanas. Este proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.
El legislador se pronunció por lograr espacios públicos seguros y señaló que espacio público bien gestionado y accesible es un reflejo de una sociedad que promueve la convivencia familiar y social, la equidad, la inclusión y, obviamente. “En estos espacios donde las personas se encuentran se fortalecen sus vínculos y donde la cultura florece y donde el deporte es parte de la vida diaria de ellos”, declaró.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (PVEM) presentó la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la renta, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En su intervención, la legisladora indicó que el documento busca promover el empleo de personas con discapacidad por empleadores.
Agregó que la iniciativa también incluye que los empleadores estén exentos del pago de las cuotas de los trabajadores con alguna discapacidad. La enmienda fue remitida a la Cámara de Diputados.
A nombre del Partido del Trabajo, la senadora Ana Karen Hernández Aceves dio a conocer el proyecto por el que se adiciona el Capítulo XVIII al Título Sexto denominado “Trabajo de conductores y servicios de entrega a través de plataformas o aplicaciones digitales” a la Ley Federal del Trabajo.
Entre los derechos reconocidos para este sector se menciona la obligación de los intermediarios de contar con una póliza de seguro que cubra a las personas trabajadoras usuarias, además de establecer mediante contrato las condiciones de pago. Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Primera.
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