El Senado de la República avaló la reforma al artículo 73 constitucional, el cual faculta al Congreso para expedir la Ley General en esta materia donde se establezcan los tipos penales y sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas. El proyecto se remitió a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su discusión y aprobación.
Dentro del documento, se señala que de acuerdo con datos de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los casos de extorsión sumaron en promedio 29. 77 casos diarios, lo que representa un incremento del 57. 62 por ciento en los últimos seis años.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) destacó durante la presentación de la iniciativa el fortalecimiento en el combate contra la extorsión. Detalló que la incidencia del delito se incrementó en los últimos años al pasar de un promedio de 18.89 casos diarios en 2018 a 29.77 a inicios de este año.
A nombre de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath consideró que los impactos de la extorsión son un lastre hacia los hogares, negocios, instituciones y comunidades, ya que este delito es uno de los más frecuentes desde 2023, de acuerdo con datos del Inegi. Señaló que el costo de estos casos suma los 124 mil millones de pesos.
La senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz (Morena) consideró que con la reforma se logrará consolidar un marco legal que defina sanciones claras en todo el país y otorgue competencias a las autoridades. Mencionó que este marco permitirá la coordinación de una manera focalizada en las entidades federativas con mayor incidencia del delito.
Desde tribuna, la senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández detalló que resultados del Monitor de Seguridad de la Confederación Patronal de la República Mexicana, se registraron cinco mil 887 víctimas de extorsión en México en el primer semestre de este año. En ese sentido, consideró que la importancia de la atención de la extorsión, por lo que celebró lograr una nueva legislación que homologue la regulación de este tipo penal.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el Senador Luis Alfonso Silva Romo indicó que el dictamen es resultado de la atención en el incremento de casos de extorsión. Por ello, señaló la obligatoriedad de legislar sobre esta materia para atender a la seguridad, la dignidad y otorgará una mayor protección a las víctimas.
La Senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) subrayó que la reforma responde a una de las demandas más urgentes de las familias mexicanas, dado que datos de la Encuesta Nacional de Victimización mencionan que 97 % de las personas que enfrentan este delito no denuncian, porque no tienen confianza en las autoridades
En su intervención, la senadora Lizeth Sánchez García (PT) señaló la falta de homologación de las penas a nivel nacional, así como sobre las sanciones a lo largo del país. Agregó que con la reforma se articular esfuerzos entre Federación y entidades federativas, fortalecer la protección de las víctimas y dar certeza jurídica a quienes decidan denunciar.
El senador Luis Donaldo Colosio
Riojas (MC) mencionó que entre 2015 a 2025 se pasaron de 500 carpetas de investigación a más de 850 en el 2025, lo cual representa el doble de incidencias. Por ello, observó urgente unir esfuerzos ante un delito que supera a las instituciones a través de una reforma constitucional que faculta a nuestro Congreso emitir leyes generales en materia de extorsión.
