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El Pleno de la Comisión Permanente, avaló en votación económica, un pronunciamiento en el cual se manifestó en contra de la aprobación del decreto que reforma el artículo octavo transitorio del decreto No. 112, de reformas a la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California, aprobado el 8 de Julio de 2019, mediante el cual se pretende ampliar el periodo del ejercicio del Ejecutivo estatal a partir del 1 de noviembre del 2019 hasta el 31 de octubre de 2024.
Para pronunciarse al respecto, el senador Antonio García Conejo (PRD) comentó que la elección de un gobernador por dos años es un hecho jurídico consumado con la votación del 2 de junio del 2019, que surtió sus efectos legales con la declaración de validez de la elección hecha por el Instituto Electoral local el 11 de junio, en la que señala el período por el que fue electo; destacó su posición en contra del “descarado acto de ilegalidad y corrupción que tanto se trata o que hemos tratado de combatir.”
Por parte del PVEM, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, reprobó y rechazó dicha reforma, la cual se debe de acompañar e impulsar las medidas que puedan adoptarse para evitar que ésta entre en vigor; señaló que si esta reforma es publicada, se impulsará una acción de inconstitucionalidad, un juicio político a los legisladores locales y a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Baja California y, en el marco de la discusión de la reforma electoral y del Estado estudiar la posibilidad de desaparecer los órganos jurisdiccionales electorales locales.
La diputada María Rósete Sánchez (PES) puntualizó que lo sucedido en el Congreso Local de Baja California es un “atropellamiento soez y vulgar al Estado de derecho y al respeto del pacto federal es un acto inmoral, un golpe bajo al sistema electoral mexicano, pero, sobre todo, es un acto inconstitucional”; señaló que lo acontecido es inconstitucional, un fraude a la ley y electoral, por lo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva para bien de la democracia mexicana, para bien de los bajacalifornianos y, sobre todo, para el bien del respeto y justicia al estado de derecho.
Asimismo, la senadora Nancy De la Sierra Arámburo (PT) externó que la voluntad de las y los ciudadanos, expresada a través del voto en las urnas, es la columna vertebral de la democracia, es un ejercicio a través del cual la ciudadanía confía la representación de sus intereses a los candidatos y candidatas electos; señaló que se dio un fuerte golpe que vulnera nuestra democracia hacia sus instituciones a nuestro pacto federal y al Estado de derecho, atendiendo a intereses particulares.
En voz de la senadora Patricia Mercado Castro (MC) puntualizó que un estado democrático tiene como uno de sus valores centrales la defensa de los derechos ciudadanos ante posibles abusos por parte del Estado y de quienes ejercen funciones de autoridad, por ello, se tiene la división de poderes; para referirse al pronunciamiento, señaló que “no hay forma de defender la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, en un país con una larga historia de fraudes electorales, de privilegios, de acumulación y prolongación del poder encima de los límites legales.”
En representación del PRI, la diputada Dulce María Sauri Riancho, comentó que la reforma a la constitución local entraña una grave violación a la Constitución federal; estableció que el 2 de junio pasado las y los bajacalifornianos fueron a las urnas a elegir a su gobernador por dos años, “pero ambición y prepotencia son combinaciones peligrosas”; relató que la semana pasada, más de un mes después de la elección el Congreso saliente de Baja California decidió ampliar el período a cinco años, con argumentos banales como el costo de realizar la elección tan pronto.
La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) puntualizó los pasos que se tiene que hacer como Comisión Permanente, al respecto de la situación, los cuales serán: la acción de inconstitucionalidad que se tipifica claramente en el artículo 105 constitucional, en donde su principal característica es el ataque a las instituciones democráticas. Esta acción de inconstitucionalidad puede realizarla el Poder Ejecutivo, también el 33 por ciento del Congreso de la Unión o bien los partidos políticos.
Finalmente, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) externó que la ampliación temporal del mandato ha sido claramente rechazada por todas las fuerzas políticas, bajo la clara valoración que resultó inconstitucional que los legisladores locales hayan votado a favor de cinco años de prolongar el mandato del gobernador, que fue elegido solamente para dos años.