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Las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, Gobernación y Población y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, convocaron a legisladores y representantes de organizaciones civiles, al Parlamento Abierto para analizar el Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En este encuentro a distancia, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Mario Delgado Carrillo (Morena), señaló que los recursos para salvaguardar a las personas que están en riesgo de ejercer su libertad de expresión o defender la promoción de los derechos humanos, nunca han estado en duda.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el diputado Erasmo González Robledo, dijo que desde que desde que se presentó la iniciativa que prevé extinguir algunos fideicomisos, se generó interés y preocupación, principalmente por los beneficiarios finales, por lo que aseguró que el objetivo no es eliminar los apoyos, sino evitar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), se pronunció por revisar a profundidad el tema, puntualizó que no se trata únicamente del manejo de recursos, sino de asunto que tiene consecuencias en la vida e integridad de las personas.
Quienes se pronunciaron por la continuidad del fideicomiso y el fortalecimiento de los recursos que se destinan a este propósito, fueron los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, mientras que el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, recordó que el país es uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo y para defender los derechos humanos.
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, coincidió en analizar la iniciativa no sólo en materia presupuestal, sino desde la perspectiva de las repercusiones por las amenazas y crisis en materia de derechos humanos que atraviesa el Estado.