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Durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo Federal en materia de Política Social, en la sesión ordinaria del Senado de la República, al hacer uso de la tribuna, el senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, destacó que nunca en la historia del país se había implementado una política social que atendiera a las mayorías; asimismo, resaltó que desde el inicio del sexenio se han apoyado a los adultos mayores, personas con discapacidad, a la niñez mexicana, a los jóvenes, así como a las personas del campo, entre otros sectores.
La senadora del PAN, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, consideró que a más de seis meses de la emergencia sanitaria por COVID-19 “estamos ante el más grande fracaso de una Política Social en la historia de México; este gobierno incurrió en grandes omisiones y acciones ineficaces que provocaron que la pandemia adquiriera el nivel de catástrofe”. La senadora aseguró que las y los legisladores de Acción Nacional impulsarán la creación de una comisión de expertos en emergencias sanitarias que evalúen las políticas implementadas por las autoridades durante la crisis sanitaria.
Por parte de Movimiento Ciudadano, la senadora Patricia Mercado Castro, planteó que el impacto de la crisis en el nivel de vida de millones de mexicanos y mexicanas es “enorme”, pues según datos del INEGI 12 millones de personas dejaron de formar parte de la población económicamente activa, miles de pequeñas empresas han desaparecido y 150 mil pequeños comercios han quebrado, dejando a sus empleados en el desamparo y la informalidad. No obstante, recalcó, en el informe enviado por el Ejecutivo Federal no se establecen medidas de emergencia o extraordinarias para detener “esta caída libre, en donde según el Coneval, las consecuencias será el aumento de la pobreza y la extrema pobreza”.
La senadora Leonor Noyola Cervantes, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México, destacó que uno de los logros más importante del actual gobierno ha sido apoyar a más de 8 millones de personas adultas mayores, a 842 mil personas con discapacidad permanente y 191 mil 500 niñas y niños, por lo que dichos programas “deberán contar con el apoyo necesario durante el periodo de transformación social en el cual estamos inmersos”. Asimismo, hizo un llamado para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se otorguen los recursos económicos indispensables al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que siga ayudando a las necesidades se este sector.
“La búsqueda del bienestar debe ser incluyente y reconocer a todos los sectores de la población de nuestro país haciendo mayores esfuerzos para apoyar a aquellos que han sido históricamente excluidos, discriminados y oprimidos”, así lo expresó la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre, del PT, al explicar que este nuevo cambio de régimen tiene como principal eje a las personas y sus comunidades, por lo que los programas gubernamentales buscan ampliar el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, recordó que los programas sociales implementados por el gobierno actualmente son de carácter constitucional y han representado una plataforma que ha permitido a millones de familias mexicanas amortiguar las inclemencias derivadas de la pandemia. Ante el contexto actual, agregó, se eligió el camino de la “ampliación de la seguridad social con un enfoque universalista; un camino iniciado en 2018 y que pone por delante la preservación de la vida y dignidad de los que antes fueron excluidos”.
En cambio, el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez, consideró que las acciones del actual gobierno resultan paradójicas en cuanto a bienestar social, debido a que los programas sociales con evaluaciones favorables y que habían resultados ser efectivos fueron eliminados; se “debió corregir lo que estaba mal y seguir fortaleciendo a las instituciones”. Se pronunció porque los programas del Gobierno Federal no sean programas “electoreros que solo sirvan para cachar votos para la cuarta transformación”.
Al recalcar que el impacto en la salud, el empleo y la economía será “desbastador” a consecuencia de la emergencia sanitaria actual, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, dijo que en el informe presentado por el Ejecutivo en materia de Política Social no establece acciones frente a la pandemia, por lo que consideró que si Morena quiere gobernar diferente, debe establecer la garantía de que los programas sociales son un derecho “y no instrumentos de intercambio electoral”.