- Sigue la transmisión de la señal
-
Canal 45.1
-
Canal 45.2
-
Canal 45.3
Por ello, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general con 103 votos a favor y cero en contra, expedir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene como fin establecer las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, senadora Patricia Mercado Castro (MC) comentó que los principios de esta ley establecen un piso común para garantizar que toda la población cuente con accesibilidad, diseño universal, calidad, equidad e igualdad sin importar dónde viva, trabaje o transite.
La legisladora explicó que, esta ley, “puede poner los cimientos de un piso mínimo para mejorar el paisaje que compartimos las rutinas de cada persona hacia una mayor calidad de vida y la sostenibilidad en la actividad económica en el planeta”.
En la discusión en lo general, el senador César Cravioto Romero (Morena) afirmó que, con esta ley, se obliga a los gobiernos estatales a realizar campañas de información y concientización para que, quienes usan vehículos, sean respetuosos de los peatones, de los ciclistas y de no manejar en exceso de velocidad.
Por el PAN, el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís consideró que la ley “se queda corta” debido a que no atiende la parte de la reparación del daño para las víctimas. Por ello, denunció que se eliminó un artículo del proyecto original que obligaba al transporte de carga a contar con un seguro, por lo que pidió su reintegración al documento.
“La ley no es perfecta, tenemos dudas de invasión de diferentes esferas de la administración pública, sobre todo en las partes reglamentarias, pero reconocemos que hubo esfuerzos de conciliación”, apuntó la senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI), quien comentó que a lo largo del tiempo dicha ley va a sufrir modificaciones para perfeccionarlo.
De acuerdo con la senadora María Graciela Gaitán Díaz (PVEM), la expedición de dicho ordenamiento es necesario para garantizar la máxima protección de la ciudadanía y lograr un mayor control en la seguridad vial que tanta falta hace en este crecimiento exponencial de la población y del parque vehicular.
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos De la Torre (PT) afirmó que es necesario destinar los recursos presupuestarios para construir la infraestructura dirigida a peatones y para todas las personas usuarias de los distintos tipos de transporte, así como impulsar una mejor regulación en la materia.
En tanto, la senadora Eunice Renata Romo Molina (PES) explicó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial prioriza a las personas peatones con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género; personas con discapacidad y movilidad limitad, por lo que la implementación de políticas públicas deberá favorecer a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Al presentar un voto particular al dictamen, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, comentó que “hoy, después del largo camino que hemos hecho de una reforma constitucional y legal, lo que tenemos absolutamente claro es que la movilidad es un derecho. Estamos legislando para que se entienda desde la seguridad vial y así entender que en el espacio público no sólo es un espacio a los vehículos automotores”.
En la discusión en lo particular, las y los senadores avalaron una reserva al artículo 44 de dicho ordenamiento para que estados, municipios y demarcaciones territoriales provean de transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes, en las localidades rurales e insulares.
Luego de rechazar diversas propuestas de modificación, el dictamen se avaló en lo particular con 75 votos a favor y 23 en contra.
El nuevo ordenamiento establece, entre otros aspectos, define la concurrencia entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de movilidad y seguridad vial, así como los mecanismos para su debida coordinación.
Además, especifica las bases para priorizar los modos de transporte de personas, bienes y mercancías, con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada, vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
Y es que el proyecto que se turnó a la Cámara de Diputados, atiende a una reforma constitucional de diciembre del 2020 en materia de movilidad y seguridad vial, así como diversos acuerdos, convenios y declaraciones internacionales que se suman a los esfuerzos por proteger la vida e integridad física de las personas que transitan en las vías públicas.