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Para establecer la prisión preventiva oficiosa en los casos de feminicidio en grado de tentativa punible e incrementar sanciones a agresores que hayan intentado privar a una mujer de su integridad, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal con una votación en lo general de 453 votos a favor, 24 abstenciones y cero votos en contra.
“Esta vez queremos ir un paso adelante y blindar esta medida cautelar para el caso del feminicidio. Esta Cámara debe tener el compromiso y la responsabilidad de que ningún agresor camine con impunidad esperando una nueva oportunidad para consumar la muerte de una mujer que ya agredió”, destacó la diputada Paulina Rubio Fernández, del PAN.
El dictamen establece la improcedencia de la libertad condicionada o anticipada para los casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa.
Otorga una pena especial para los casos de feminicidio en grado de tentativa punible, la cual podrá incrementarse 70% de la sanción máxima prevista para el delito consumado de comprobarse casos de acoso previo.
Asimismo, asegura la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas en el caso de feminicidio consumado y a favor de las víctimas en el caso de que aún sobreviva la víctima.
Establece la improcedencia de la libertad condicionada para los casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa. Otorga una pena especial para los casos de feminicidio en grado de tentativa punible, la cual podrá incrementarse 70% de la sanción máxima prevista. Asimismo, asegura la reparación del daño.
“Necesitamos enviar un mensaje fuerte y claro de que tanto los feminicidios consumados como los que están en grado de tentativa no serán tolerados”, señaló la diputada Irma Juan Carlos, de Morena.
Y es que, como lo indicó la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, “las mujeres pueden pasar meses recuperándose, quedar con alguna lesión, quedar con alguna discapacidad permanente o desfiguradas por esta nueva forma de agresión, como es arrojarles ácidos y químicos al rostro y al cuerpo”.
En tanto, la diputada Adriana Campos Huirache, del PRI, apuntó que la falta de “castigo para quienes nos intentan matar y no lo logran, esto representa un acto grave en contra de la mujer y al igual que el feminicidio merece prisión preventiva oficiosa en los mismos términos que si se hubiera suscitado el crimen”.
Finalmente, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, subrayó que “ninguna intención de feminicidio puede quedar sin castigo. Quienes atacan con violencia a una mujer con el fin de asesinarla y no lo logran, no pueden estar libres, deben estar en la cárcel”.
El dictamen se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.