La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, el cual establece un tipo penal único con sanciones que van desde los seis hasta los 15 años de prisión. El proyecto fue remitido al Senado de la República para su discusión y análisis.
En lo particular se aceptaron las modificaciones a los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 21, 26 y 43 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, las cuales fueron presentadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena).
Entre los cambios contemplados se establece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno durante la prevención, investigación, persecución y sanción de la extorsión. Asimismo, en el artículo 3 de la normativa añade los principios de interculturalidad e interseccionalidad, además que se establece la facultad de atracción.
En materia de sanciones, la reserva presentada por el legislador ajusta las penas para personas servidoras públicas de seis hasta los 15 años de prisión. Asimismo, dentro del artículo 26 se incluyó que la reparación del daño para las víctimas se realizará con los recursos de las actividades ilícitas.
Por último, se estableció que las autoridades deberán realizar campañas de prevención para visibilizar las diversas modalidades de extorsión.
Dentro del proyecto se establecen 34 agravantes cuando se combinen otros delitos, y se fijan multas de hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Asimismo, la nueva norma busca fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para combatir este delito de alto impacto, definir su tipo penal y fijar agravantes para conductas de extorsión. Además, actualiza diversos ordenamientos en materia penal y judicial para homologar criterios en todo el país.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la cifra de víctimas que no denuncian es del 97 por ciento, además que mantiene un incremento sostenido de 20 % cada mes a nivel nacional.
Al presentar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno (Morena) apuntó la necesidad de contar con un marco normativo nacional para enfrentar la extorsión. Aseveró que la normativa reconoce las diversas modalidades de este delito, además de establecer un marco penal específico para cada uno de los casos.
La diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena) destacó que la propuesta establece castigos homologados, además de elevar el delito a persecución oficiosa, con lo que las instituciones de seguridad puedan realizar las investigaciones pertinentes. Recordó que, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los homicidios dolosos han disminuido en 32 por ciento.
Por Acción Nacional, el diputado César Israel Damián Retes destacó que las sanciones establecidas en la nueva normativa son menores a las marcadas en algunos estados. Resaltó que en Baja California la pena es de siete años, mientras que la establecida en la propuesta es de seis años, por lo que, destacó que se deben marcar sanciones por 10 años como lo establece la iniciativa de su grupo parlamentario presentada el 17 septiembre.
La diputada del PVEM María Luisa Mendoza Mondragón mencionó que el marco normativo garantiza 34 agravantes organizadas en tres categorías, las cuales permiten el incremento de las penas de acuerdo con las agravantes. Mencionó que existen incrementos en una tercera parte de las sentencias por el “cobro de piso”, el cual incluye la imposición al precio de bienes y servicios.
En su intervención, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) destacó que este instrumento es parte de la estrategia de seguridad. Recalcó la importancia de atender la tentativa de este delito para establecer sanciones para personas que pretendan extorsionar tanto en su modalidad presencial como digital, pero no lo logren.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) consideró que la legislación requiere de un diálogo con las entidades, ya que son los primeros respondientes de las víctimas de estos delitos. Consideró que la normativa contiene imprecisiones, dado que disminuye las sentencias en cinco estados como es Chihuahua donde existen penas superiores a los 16 años.
Por Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez indicó que la nueva ley establece facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el combate de este delito a nivel federal cuando se trate del crimen organizado. Sin embargo, la legisladora detalló la importancia de observar las implicaciones a nivel local en el combate contra la extorsión.
