Al referirse sobre la ruta legislativa del Presupuesto de Egresos 2026, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que el 3 de noviembre se prevé su dictaminación en comisiones, mientras que su declaratoria de publicidad se espera para el martes 4 noviembre y que su discusión en lo general inicie al siguiente día.
El diputado explicó que el proceso legislativo seguirá los tiempos establecidos en la ley y no habrá dispensa de trámite. Por ello, anticipó que, a diferencia de años anteriores, en la discusión general se realizarán tres rondas de intervenciones, lo que podría extender los debates.
Detalló que el dictamen incluirá reasignaciones en diversas partidas, principalmente en los poderes y órganos autónomos. Indicó que no habrá incrementos para el Poder Legislativo, además que reducirá los recursos para el Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral. Con ese sentido, se estima que los recursos obtenidos sean de 17 mil millones de pesos.
Respecto al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el legislador Monreal explicó que el incremento observado responde a la transferencia de recursos provenientes de la Guardia Nacional, los cuales antes correspondían a la Secretaría de Seguridad. Aclaró que, incluso con este ajuste, el monto podría resultar insuficiente para cubrir la operación total de la corporación.
Por otra parte, dio a conocer que se pospondrá la discusión de su iniciativa para regular la emisión y cancelación de tarjetas de crédito y débito, a fin de permitir que las distintas bancadas la analicen con mayor detalle. Explicó que la propuesta busca reforzar la protección de los usuarios frente a la entrega no solicitada de tarjetas y las prácticas abusivas de las instituciones financieras.
Destacó que la iniciativa contempla plazos máximos de tres días hábiles para cancelar una tarjeta, la prohibición de cargos o penalizaciones por dicha cancelación y la obligación de reembolsar cobros indebidos. Asimismo, establece sanciones severas para quienes incumplan la norma, incluyendo la posibilidad de revocar permisos a las instituciones reincidentes.
