“Estos siniestros, que en su mayoría son provocados, han cobrado la vida de varios brigadistas y voluntarios”, lamentó la presidenta de la Mesa Directiva, quién desde la Cámara de Diputados instó al gobierno a ampliar la cobertura del Plan de Auxilio a la Población Civil DN-III para proporcionar una atención adecuada a las comunidades afectadas.
Y es que resaltó que el daño ambiental y económico causado por estos incendios es considerable, con la pérdida de suelo, vegetación, hábitats de vida silvestre, emisión de carbono y afectación a la economía local.
Finalmente, Guerra Castillo destacó la necesidad de revisar el presupuesto asignado a Protección Civil, a fin de actualizar los atlas de riesgos y desarrollar políticas de gestión del riesgo para proteger a las personas, los bienes materiales y la naturaleza.