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El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, la minuta por la que se adiciona un artículo 9 a la Ley de Amnistía, para facultar al Poder Ejecutivo Federal a otorgar dicho instrumento jurídico de manera directa.
De acuerdo con el proyecto de decreto que se avaló en lo general con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstenciones, la amnistía de manera directa la otorgará el presidente de México a las personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicanos.
Asimismo, se aplicará esta disposición en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito.
En el proyecto se puntualiza que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y sanciones impuestas. Mientras que, en los artículos transitorios, se señala que el Ejecutivo Federal podrá emitir los acuerdos que considere necesarios para la aplicación de dicho decreto.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Antonio Jesús Madriz Estrada (Morena) señaló que hechos como Ayortzinapa, Atenco,Tlatlaya, Aguas Blancas, entres otros, tiene n común que son crimen es de Estados durante los gobiernos anteriores, por lo que dicha reforma busca que las familias de las víctimas conozcan la verdad y se rompa el pacto de silencio.
“Con la presente reforma buscamos garantizar derechos como, por ejemplo, la libertad de mujeres presas por abortar, campesinos obligados a trabajar para el narcotráfico y promover la garantía del derecho a la verdad”, explicó el diputado Madriz Estrada.
En el posicionamiento de los grupos parlamentarios, el diputado Manuel Vázquez Arellano (Morena) consideró que son los partidos del pacto de silencio quienes no quieres que se apruebe la amnistía a cambio de la verdad. Puntualizó que la reforma establece de manera clara y contundente que dicho instrumento jurídico sólo podrá ejercerse en casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y comprobable.
En contraste, el diputado Enrique Gerardo Sosa Gutiérrez (PAN) expresó que la reforma excede las facultades del titular del Ejecutivo para que otorgue amnistía a criminales. Afirmó que el dictamen violenta el principio de división de poderes, ya que el presidente podrá dejar en libertad a personas en prisión sin resolución judicial.
Por el PRI, la diputada María del Refugio Camarena Jáuregi comentó que la reforma “beneficia a los delincuentes que han causado tanto dolor en las familias de México”. Además, agregó que dicha minuta además es “indignante”, ya que pretende otorgarle al presidente la facultad para liberar a las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal y que incluso ya están en la cárcel, lo que atenta contra el dolor de las familias que claman justicia.
Al respecto, la diputada Lilia Villafuerte Zavala (PVEM) resaltó que esta reforma representa la oportunidad para conocer plenamente la verdad de estos hechos, las personas involucradas y sus motivaciones, además de que contribuye a conocer la verdad y luchar en contra de la impunidad y el olvido.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya indicó que el objetivo de la propuesta es abrir una ruta para el esclarecimiento de casos que sean relevantes para el Estado. Aclaró que no hay ninguna intención de vulnerar el derecho de la reparación del daño, sino que se busca un mecanismo que haga justicia.
La diputada María Fernanda Félix Fregoso (MC) lamentó que con más de 200 mil asesinatos del actual gobierno, la reforma abra las puertas para otorgar perdón y olvido a los culpables. Adelantó que su bancada no apoyaría el dictamen, pues vulnera los derechos y no existirá la justicia para las víctimas de delitos.
“Esta ley se podrá llamar Ignacio Ovalle, sí tiene dedicatoria, tiene nombre y apellido, como en los viejos tiempos”, externó la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) quien a pronunció en la contra de la reforma, pues no otorga garantías a las víctimas. Agregó que la amnistía, como potestad presidencial, hará que el Ejecutivo defienda a quienes son sus “consentidos y consentidas, a sus cómplices”.
Finalmente, luego de más de 20 oradores que presentaron propuestas de modificación, el proyecto de decreto se avaló en lo general y en lo particular en sus términos, con 250 votos a favor y 197 contra, por lo que se turnó al Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.