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Como parte de los Foros de Diálogo Estatal, ordenados por la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados llevó a cabo el encuentro de análisis “Maíz transgénico, fracking, minería y agua”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Al presidir el evento, la presidenta de la Comisión, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, apuntó que escuchar a especialistas e investigadores sobre esos temas tiene como objetivo que el Legislativo garantice los derechos a la alimentación, medio ambiente sano, y acceso al agua.
Destacó tres temas de las iniciativas presidenciales: prohibición de maíz transgénico y reconocimiento del maíz nativo como alimento básico y de identidad nacional; no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad como el norte y centro de México; y prohibición de prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población, como la minería a cielo abierto y el fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos.
La legisladora del PRI, hizo énfasis en que existe una crisis hídrica en el país y es indispensable que el Legislativo analice las voces expertas para el cuidado y revisión del consumo humano de agua, pero también en la producción de alimentos, que representa más del 70 por ciento del consumo del líquido vital.
En otro tema, precisó que México es el principal consumidor de maíz blanco en el mundo, con una ingesta per cápita de 196 kilos al año, es decir más de medio kilo diario, ante lo cual es necesario establecer alternativas de consumo en el futuro, en especial al registrarse un déficit importante, pues las importaciones de maíz ascienden a 700 mil toneladas, más de 4 por ciento del consumo nacional.
El secretario académico de la UANL, Jaime Arturo Castillo Elizondo, destacó que el foro tiene el compromiso real de contribuir a un futuro más justo y sostenible, a partir de acciones concretas que garantizar los derechos a cada uno de los mexicanos.
Durante la primera mesa de análisis, moderada por el secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, diputado priista Juan Francisco Espinoza Eguía, el profesor e investigador de la Facultad de Agronomía, aseguró que México importa alrededor de 17 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico a Estados Unidos, el cual tiene un uso extraoficial con riesgo de que su polen vuele hacia otros cultivos nativos con efectos nocivos para la salud, pero no se han hecho hasta ahora trabajos para conocer cómo afecta.
Sugey Ramona Sinagawa García, investigadora de la misma Facultad, apuntó que sin lugar a duda los productos transgénicos son comercializados en diversos países con beneficio a los productores, y los principales cultivos son maíz, algodón y soya; pero su introducción a México representa el riesgo de contaminar variedades especies nativas, además que el uso extensivo de agroquímicos como el glifosato puede afectar la salud.
Jesús Guzmán Glores, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, (CEDRSSA), consideró que de aprobarse la reforma cambiaría radicalmente toda la legislación, pues acorde a encuestas, los mexicanos no quieren transgénicos en sus granos básicos y en su dieta. Empero, acotó, ha habido una práctica de mejoramiento del maíz nativo desde hace varios años, tanto en comunidades indígenas como en comunidades rurales.
Durante la mesa dos, moderada por la diputada morenista Luz Adriana Candelario Figueroa, integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, el investigador Víctor Matías Pérez explicó que usualmente se piensa que estas fracturas, conocido como fracking, contaminarán los mantos acuíferos, pero no es así, porque en la realidad los primeros están a más de 3 kilómetros de profundidad y los segundos a 300 metro de profundidad.
Juan Rodríguez González, coordinador de la Confederación Nacional de Concesionarios y Empresarios Mineros de México, indicó que muchos artículos y componentes en casas, vehículos y accesorios de vestir, provienen de la minería y aseguró que no se ha explotado ni siquiera el 4 por ciento del territorio concesionado; además, es una actividad que se sataniza bajo el argumento que hace mucho daño al medio ambiente.
Efraín Álva Niño, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Tierra, remarcó que la minería es una de las actividades más reglamentadas y revisadas por todo lo que se dice a su alrededor, pero se deben conocer los beneficios como el pago de impuestos, generación de empleos y responsabilidad social. Se pronunció por que se ponga atención en la informalidad de la actividad, pues es donde ocurren más accidentes.
Karen Flores, directora general de la Cámara Minera de México, calificó como irresponsabilidad no aprovechar la basta riqueza minera de México para generar el desarrollo tan necesario, el cual en los últimos siete años ha pagado más de 300 mil millones de pesos en impuestos y genera una derrama económica en 696 comunidades por 249 mil millones de pesos por negocios y empleos alternos a la actividad. “La minería es algo que se encuentra en nuestras vidas y debemos sentirnos orgullosos como mexicanos”.
La experta ambiental, Paola Cázares, dijo que actualmente hay 23 mil títulos de concesión vigentes, los cuales representan el 7.95 por ciento del territorio nacional. Afirmó que esta industria ha procurado hacer un uso eficiente del agua mediante estrictos controles, la implementación de ciclos cerrados para evitar descargas y su reutilización, así como incrementar la recuperación del recurso.
En la mesa 3, moderada por el diputado ecologista Juan González Lima, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable y Saneamiento, el especialista en Derecho Constitucional, Sergio Elías Gutiérrez Salazar alertó que existen demasiadas leyes relacionadas al agua con disposiciones muy complicadas, cuando lo que en realidad se debe buscar es la protección del agua potable, por lo que propuso elevar a Secretaría de Estado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que se encargaba de administrar los recursos en nuestro país.
Alonso Bustillos, integrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, declaró que, si no se ve al agua desde la perspectiva de la ciencia y la conciencia, no se podrán establecer parámetros de cambios a la Constitución. Afirmó que la ley debe ser ejecutada como es, por lo que se requiere revalorizar los principios de gestión de este recurso.