El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular sin modificaciones el dictamen por el que se expide de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo propósito es regular la integración, organización y operación del sistema en la materia. El proyecto fue remitido al ejecutivo federal.
El dictamen establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la implementación de estrategias conjuntas entre las instituciones de seguridad pública.
Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) mencionó que la nueva normativa establece con claridad las bases de integración, atribuciones y responsabilidades de las instituciones de Seguridad Pública. Asimismo, apuntó que establece la Academia Nacional de Seguridad Pública como eje de profesionalización de policías.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena) detalló que el nuevo modelo supera el anterior modelo, el cual era reactivo que veía en la prevención de los delitos una circunstancia, prácticamente, casual de las policías. Agregó que los cambios procuran la prevención de delitos a través de investigaciones.
La senadora Blanca Judith Díaz Delgado (Morena) consideró que el documento permitirá la construcción de un andamiaje jurídico de vanguardia. Agregó que este nuevo marco permitirá el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad como una institución eficaz en la persecución de los delitos y de las conductas delictivas.
Al posicionarse por Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya Cortés reconoció los avances impactados en la iniciativa, ya que, en su opinión, reconoce el fracaso de la anterior estrategia de “abrazos, no balazos”.
El senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, lamentó la legislación apresurada del proyecto de seguridad pública y destacó la importancia de la institucionalidad, en el consenso y en el respeto a la libertad como pilares de la democracia. Detalló que el proyecto aparenta modernizar el sector, pero en realidad consolida un modelo centralista, autoritario y regresivo.
La senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) destacó que se fortalecen los registros e información del sistema nacional y se mejora la coordinación entre las instituciones de seguridad. Consideró que el proyecto impulsa la interconexión del Sistema Nacional de Información, además de mejorar la coordinación entre la federación y las entidades federativas.
Por su parte, Lizeth Sánchez García (PT) calificó los nuevos ordenamientos como integrales y necesarios para mejorar la lucha contra la criminalidad. Subrayó que refuerzan el Estado de derecho y combaten la impunidad, además consideró que la propuesta es integral, moderniza y fortalece la coordinación de las instituciones de seguridad pública en México.
Finalmente, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, respaldó la iniciativa, pero subrayó la necesidad de establecer controles democráticos. “La inseguridad es la mayor preocupación de las y los mexicanos; debe haber seguridad con respeto a los derechos humanos”, concluyó.
El dictamen establece la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la implementación de estrategias conjuntas entre las instituciones de seguridad pública.
Para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Seguridad Pública, la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) mencionó que la nueva normativa establece con claridad las bases de integración, atribuciones y responsabilidades de las instituciones de Seguridad Pública. Asimismo, apuntó que establece la Academia Nacional de Seguridad Pública como eje de profesionalización de policías.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez (Morena) detalló que el nuevo modelo supera el anterior modelo, el cual era reactivo que veía en la prevención de los delitos una circunstancia, prácticamente, casual de las policías. Agregó que los cambios procuran la prevención de delitos a través de investigaciones.
La senadora Blanca Judith Díaz Delgado (Morena) consideró que el documento permitirá la construcción de un andamiaje jurídico de vanguardia. Agregó que este nuevo marco permitirá el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad como una institución eficaz en la persecución de los delitos y de las conductas delictivas.
Al posicionarse por Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya Cortés reconoció los avances impactados en la iniciativa, ya que, en su opinión, reconoce el fracaso de la anterior estrategia de “abrazos, no balazos”.
El senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, lamentó la legislación apresurada del proyecto de seguridad pública y destacó la importancia de la institucionalidad, en el consenso y en el respeto a la libertad como pilares de la democracia. Detalló que el proyecto aparenta modernizar el sector, pero en realidad consolida un modelo centralista, autoritario y regresivo.
La senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) destacó que se fortalecen los registros e información del sistema nacional y se mejora la coordinación entre las instituciones de seguridad. Consideró que el proyecto impulsa la interconexión del Sistema Nacional de Información, además de mejorar la coordinación entre la federación y las entidades federativas.
Por su parte, Lizeth Sánchez García (PT) calificó los nuevos ordenamientos como integrales y necesarios para mejorar la lucha contra la criminalidad. Subrayó que refuerzan el Estado de derecho y combaten la impunidad, además consideró que la propuesta es integral, moderniza y fortalece la coordinación de las instituciones de seguridad pública en México.
Finalmente, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, respaldó la iniciativa, pero subrayó la necesidad de establecer controles democráticos. “La inseguridad es la mayor preocupación de las y los mexicanos; debe haber seguridad con respeto a los derechos humanos”, concluyó.
