El Senado aprobó en lo general y lo particular la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la cual tiene como propósito robustecer al Estado con una estructura tecnológica y organizativa de vanguardia para generar inteligencia criminal que permita prevenir y perseguir delitos de forma más eficiente.
Este nuevo marco normativo integra a sus funciones mecanismos sistematizados que permitirán al Ministerio Público integrar de forma más efectiva indicios, medios de prueba y datos para combatir la impunidad y mejorar la procuración de justicia en el país.
El proyecto fue avalado en el pleno en lo general por 67 votos a favor y 29 en contra, mientras que en lo particular, el dictamen fue avalado con 66 votos a favor y 31 en contra, por lo que quedó en sus términos. La Mesa Directiva se remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación constitucional, sin modificaciones sustanciales al texto original.
Por Morena, la senadora Laura Estrada Mauro rechazó que el dictamen abra la puerta al espionaje, pues todo acto que vulnere la privacidad deberá contar con la autorización del Ministerio Público y ser supervisado por un juez. Advirtió que el proceso de investigación excluirá pruebas obtenidas arbitrariamente.
Al posicionarse sobre el documento, el senador Francisco Ramírez Acuña (PAN) resaltó que la ley incluye mecanismos para integrar un esquema de espionaje con acceso desproporcionado a datos sensibles sin controles judiciales por lo que apuntó que su Grupo Parlamentario votaría en contra.
Desde tribuna, la senadora Anabell Ávalos (PRI) destacó que la normativa cuenta con elementos capaces de vigilar a la ciudadanía, mismos que se encuentran disfrazados de política pública. En ese sentido, mencionó que se pone en peligro las libertades y derechos.
En tanto, la senadora María del Rosario Corona Nakamura (PVEM) recalcó que el valor primordial de la iniciativa se orienta a aumentar las capacidades de investigación de las autoridades, lo cual se logrará a través de insumos tecnológicos para perseguir delitos.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García Medina cuestionó la exclusión de los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia, lo cual consideró como un error que debilita a la estructura de seguridad en e el combate del crimen organizado
@NoticiaCongreso
Este nuevo marco normativo integra a sus funciones mecanismos sistematizados que permitirán al Ministerio Público integrar de forma más efectiva indicios, medios de prueba y datos para combatir la impunidad y mejorar la procuración de justicia en el país.
El proyecto fue avalado en el pleno en lo general por 67 votos a favor y 29 en contra, mientras que en lo particular, el dictamen fue avalado con 66 votos a favor y 31 en contra, por lo que quedó en sus términos. La Mesa Directiva se remitió al Ejecutivo Federal para su promulgación constitucional, sin modificaciones sustanciales al texto original.
Por Morena, la senadora Laura Estrada Mauro rechazó que el dictamen abra la puerta al espionaje, pues todo acto que vulnere la privacidad deberá contar con la autorización del Ministerio Público y ser supervisado por un juez. Advirtió que el proceso de investigación excluirá pruebas obtenidas arbitrariamente.
Al posicionarse sobre el documento, el senador Francisco Ramírez Acuña (PAN) resaltó que la ley incluye mecanismos para integrar un esquema de espionaje con acceso desproporcionado a datos sensibles sin controles judiciales por lo que apuntó que su Grupo Parlamentario votaría en contra.
Desde tribuna, la senadora Anabell Ávalos (PRI) destacó que la normativa cuenta con elementos capaces de vigilar a la ciudadanía, mismos que se encuentran disfrazados de política pública. En ese sentido, mencionó que se pone en peligro las libertades y derechos.
En tanto, la senadora María del Rosario Corona Nakamura (PVEM) recalcó que el valor primordial de la iniciativa se orienta a aumentar las capacidades de investigación de las autoridades, lo cual se logrará a través de insumos tecnológicos para perseguir delitos.
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Amalia García Medina cuestionó la exclusión de los gobiernos estatales del Centro Nacional de Inteligencia, lo cual consideró como un error que debilita a la estructura de seguridad en e el combate del crimen organizado
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