La Comisión Especial para revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos De México del Senado se reunió con autoridades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) y extrabajadores de Altos Hornos De México (AHMSA), donde abordaron la actual situación interinstitucional para asegurar una defensa efectiva de los derechos laborales.
El senador Luis Fernando Salazar Fernández (PAN), presidente del órgano de gobierno se pronunció a favor de la protección de los derechos de las y los trabajadores durante el proceso de reconocimiento, pago y justicia laboral. Destacó el compromiso del Senado por velar en todo momento por la protección de los trabajadores afectados por la situación de la siderúrgica.
El senador explicó que la Comisión ha buscado acceder a la información completa del proceso judicial ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles. No obstante, el tribunal negó el acceso directo a los documentos por restricciones en materia de protección de datos personales, aunque notificó a la PROFEDET el listado de trabajadores con derecho a pago preferente.
Durante el encuentro, el titular de la PROFEDET, Plácido Humberto Morales Vázquez, aseguró que atenderán la resolución judicial y se comprometen a dar acompañamiento a todos los trabajadores afectados. Subrayó que el juicio concursal es transparente y que el canal de diálogo permanece abierto con la Comisión y con los propios empleados.
Morales Vázquez también aclaró que los trabajadores con contrato colectivo previo al concurso mercantil mantienen derechos que podrían otorgarles una liquidación distinta, pese al nuevo contexto judicial. Afirmó que el proceso se desarrollará bajo los principios de la reciente reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, brinda garantías adicionales a los afectados.
Por su parte, Julián Torres Ávalos, en representación de los extrabajadores de AHMSA, pidió un inventario preciso y un avalúo justo de los activos de la empresa, para evitar que sean vendidos a un precio inferior al del mercado. Denunció rumores sobre un intento de recompra por parte de los antiguos dueños, la familia Ancira, lo que calificó como una posible burla para los obreros y sus familias.
Finalmente, los trabajadores solicitaron que las pensiones se calculen con base en los últimos cinco años y no en el periodo desde que la empresa entró en concurso mercantil. Además, expusieron que cerca de tres mil extrabajadores no han recibido las prestaciones estipuladas en el contrato colectivo, a pesar de haber salido antes del inicio del proceso judicial.
@NoticiaCongreso
