La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió la tercera entrega de la Cuenta Pública 2024, donde quedaron pendientes más de 5 mil millones de pesos por aclarar por parte del Poder Judicial. Asimismo, se destaca que 59 mil 363 millones corresponden a a observaciones del gasto federalizado.
Al presentar el balance de la Cuanta Pública 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo destacó que el documento integró 2 mil 264 auditorías, de las cuales mil 566 corresponden a esta tercera entrega.
En el ámbito subnacional, el funcionario destacó quese detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil millones de pesos, mientras que las auditorías al gasto federalizado generaron observaciones por más de 42 mil millones y solicitudes de aclaración superiores a 12 mil millones.
Añadió que la fiscalización a instituciones educativas estatales dejó más de mil 300 millones de pesos por aclarar, cifras que —dijo— reflejan la dimensión del reto para fortalecer la transparencia y el control del gasto público en todo el país.
El presidente del órgano de gobierno, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM) recordó que la revisión de la Cuenta Pública es mandato constitucional. Con esta entrega —dijo— se cierra el ciclo de informes y comienza el análisis político y técnico que permitirá evaluar el desempeño de gobiernos federales y subnacionales.
El legislador del Partido Verde subrayó que los recursos auditados provienen de los impuestos de millones de mexicanos y sostienen hospitales, carreteras, escuelas y programas sociales; por ello, la fiscalización superior debe asumirse como garantía democrática.
Propuso además llevar a rango de ley la certificación obligatoria de servidores públicos mediante una guía de inducción administrativa que asegure preparación inmediata o, en su defecto, la separación del cargo.
La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala Leyva consideró que auditar más de nueve billones de pesos exige rigor técnico y oportunidad institucional. Señaló que la eficacia de la fiscalización no puede medirse por la cantidad de auditorías ni por el volumen observado, sino por la capacidad real de fincar responsabilidades y recuperar recursos públicos.
Destacó que el informe concentra el mayor número de revisiones —2,264 auditorías en total, con 1,566 en esta fase final— y llega en un momento clave, coincidente con el cierre de gestión del actual auditor superior, lo que obliga a valorar resultados y rumbo institucional.
La diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda (PAN) advirtió que la rendición de cuentas sólo tiene sentido si se ejerce sin reservas ni excepciones discrecionales. Exigió transparencia absoluta, sin escudos de seguridad nacional ni restricciones injustificadas, y defendió el derecho ciudadano a denunciar irregularidades.
Al posicionarse por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Madrid Pérez vinculó la vigilancia del gasto con el desarrollo económico. Sostuvo que las contrataciones públicas pueden convertirse en motores industriales si se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas y se impulsa el contenido nacional.
La diputada Nora Yessica Merino Escamilla (PT) recordó la arquitectura constitucional del federalismo fiscal: la Federación transfiere recursos, los estados y municipios los ejercen, la Auditoría fiscaliza y la Cámara supervisa. Ese equilibrio —explicó— debe fortalecerse mediante planeación financiera rigurosa, controles internos eficaces y estructuras administrativas sólidas.
A nombre del PRI, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla planteó la rendición de cuentas como un compromiso permanente con la transparencia y la eficiencia institucional. Recordó que recientemente se aprobó un presupuesto histórico superior a los diez billones de pesos, gran parte destinado a entidades federativas, lo que exige corresponsabilidad entre órdenes de gobierno.
La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) consideró que la fiscalización permite implementar acciones preventivas en tiempo real, seguimiento puntual de observaciones y revisiones con perspectiva de género que permitan medir el impacto del gasto en niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores.
