Luego de su aprobación en el Senado de la República, el pleno de la Cámara de Diputados autorizó el endurecimiento de penas contra el abuso sexual, por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal. El documento, que establece sanciones entre tres y siete años de prisión a quien incurra en conductas como tocamientos sin consentimiento, fue remitido al Ejecutivo Federal.
El dictamen amplía la definición del delito al incluir la obligación de forzar a la víctima a mostrar su cuerpo y establece, además de la pena privativa de libertad, la asistencia obligatoria de los agresores a talleres reeducativos con perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres. La reforma se discute en un contexto donde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra más de 25 mil delitos sexuales denunciados cada año.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera (Morena), detalló que la legislación coloca el consentimiento como eje rector del tipo penal y precisó que éste sólo existe cuando es libre y voluntario. Subrayó que la violencia anula cualquier manifestación válida de voluntad y advirtió que el silencio, la pasividad o la ausencia de resistencia física jamás podrán interpretarse como consentimiento.
Para la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), la reforma corrige vacíos legales que permitían evadir responsabilidades. Señaló que el nuevo diseño del tipo penal fortalece las agravantes y busca hacer operable la reparación integral del daño, evitando que los agresores encuentren salidas legales que deriven en impunidad.
Desde la tribuna, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena) advirtió que la reforma se enfoca a la protección de las personas sin justificación para los agresores. Afirmó que quien violente deberá asumir consecuencias legales claras y sostuvo que el Estado tiene la obligación de dejar establecido que ninguna agresión quedará impune.
La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) coincidió en la necesidad de precisar el alcance del consentimiento. Recordó que callar nunca ha significado autorizar una agresión y enfatizó que la ley debe reconocer expresamente que la ausencia de palabras no equivale a aprobación, especialmente en los delitos sexuales.
El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva (PVEM) destacó que la reforma no se limita al castigo penal. Aseguró que la justicia debe incluir la reparación integral del daño como mecanismo indispensable para restituir derechos y atender las consecuencias que enfrentan las víctimas más allá de la sanción carcelaria.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) respaldó el fortalecimiento de agravantes, aunque expresó reservas sobre posibles ajustes a las penas. Señaló que el Congreso deberá revisar con cuidado los efectos de la reducción punitiva en algunos supuestos, aunque aclaró que la reforma no criminaliza relaciones consensuadas ni vulnera garantías, sino que aporta certeza jurídica y protege la libertad sexual.
La diputada Xitlalic Ceja García (PRI) advirtió que la legislación puede quedar incompleta sin respaldo presupuestal. Sostuvo que, sin recursos para refugios, atención psicológica y acompañamiento institucional, el avance legal corre el riesgo de convertirse en un discurso sin efectos reales para las víctimas.
En la misma línea, la diputada Anayeli Muñoz Moreno (Movimiento Ciudadano) alertó que la eficacia de las reformas depende de políticas públicas financiadas. Consideró que la austeridad y el contexto de seguridad agravan la vulnerabilidad de las mujeres, por lo que insistió en asignar presupuesto suficiente para garantizar atención, ayuda y reparación del daño.
