La Cámara de Diputados abrió este martes la discusión de la reforma constitucional que plantea reducir de manera gradual la jornada laboral a 40 horas semanales para 2030. El pleno aprobó el proyecto por unanimidad de 469 votos, mientras que en lo particular se obtuvieron 411 a favor y 58 en contra, por lo que se remitió el proyecto a los congresos locales.
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la diputada Maiella Gómez Maldonado (Morena), sostuvo que el Congreso enfrenta un momento decisivo al atender una exigencia social ignorada durante décadas. Afirmó que el dictamen surge de un proceso de diálogo nacional que dotó a la reforma de legitimidad social.
A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), llamó al pleno a respaldar la modificación constitucional bajo el esquema de gradualidad propuesto. Argumentó que la reducción de horas responde a las condiciones actuales del país y representa una medida necesaria para equilibrar productividad y bienestar laboral.
El diputado Pedro Miguel Haces Barba (Morena) señaló que México figura entre los países con más horas laboradas y menor productividad por hora. En ese sentido, mencionó que la reforma busca corregir un modelo agotado mediante menos tiempo de trabajo, mayor descanso y mejores niveles de eficiencia.
Por Acción Nacional, el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño destacó establecer dos días de descanso por cada cinco trabajados e incorporar el derecho a la desconexión digital, al considerar que la vida laboral debe medirse también en salud mental, convivencia familiar y bienestar personal.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) rechazó que la reforma responda a motivaciones ideológicas o populistas. Definió el proyecto como una actualización del pacto social entre capital y trabajo y un reconocimiento a la dignidad humana dentro del ámbito laboral.
La diputada Margarita García García (PT) afirmó que la reducción de la jornada permitirá mejorar la calidad de vida de los trabajadores, fortalecer la convivencia familiar y disminuir riesgos derivados del agotamiento laboral, además de impulsar esquemas productivos más eficientes.
El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) coincidió en apoyar la reforma, aunque insistió en incorporar dos días de descanso obligatorio para consolidar un avance real en derechos laborales. Señaló que la modernización del régimen de trabajo debe traducirse en beneficios tangibles y sostenibles para las y los trabajadores del país.
Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Anayeli Muñoz Moreno respaldó la necesidad de reformar el artículo 123 constitucional, pero criticó que el dictamen mantenga un solo día de descanso semanal. A su juicio, la propuesta resulta insuficiente para transformar realmente las condiciones laborales tras más de un siglo sin modificaciones sustanciales.
