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Por 294 votos a favor, 46 en contra y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a fin de transformar el actual sistema de manejo de residuos sólidos urbanos, estableciendo regímenes de responsabilidad, obligaciones más claras para las entidades federativas y los municipios.
Al fundamentar el dictamen, la Diputada Sandra Méndez Hernández (PRI) destacó la importancia de atender este tema que cada vez es más urgente para el país y así abonar a una correcta gestión integral de estos residuos.
Por su parte, la Diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (PVEM) afirmó que estas reformas buscan ponerle un alto a la degradación de nuestro entorno por la creciente producción de residuos sólidos urbanos y su disposición final.
De NA, el Diputado Francisco Javier Pinto Torres indicó que su fracción está en contra de la reforma porque en el fondo no genera responsabilidad de autoridades locales; además de que es incorrecto criminalizar a servidores públicos cuando la federación no aporta un solo peso para el manejo de la basura.
Juan Fernando Rubio Quiroz, diputado del PRD, manifestó que su fracción no acompañará la reforma porque no van a criminalizar a las autoridades que no son responsables del problema ya que la implementación de este tipo de normas debe ir acompañado de la federación.
Con las reformas, las entidades federativas tendrán a su cargo la gestión integral de los residuos de manejo especial, y la autorización de su manejo integral.
La responsabilidad objetiva de las autoridades de las entidades federativas será objetiva directa e incluso extensiva a los colaboradores administrativos con cargo de decisión que hayan participado en las autorizaciones correspondientes, u omitan impedir el establecimiento de tiraderos a cielo abierto.
Asimismo, por ningún motivo se considera como manejo integral de los residuos sólidos, depositarios en tiraderos a cielo abierto o que no se realicen en cumplimiento estricto de las disposiciones normativas correspondientes.
En su régimen transitorio, el dictamen establece un plazo máximo de 200 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto, para que las entidades federativas realicen las reformas a su legislación y reglamentación, en las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
Diputados del PRD y de Morena presentaron reservas a diversos artículos; sin embargo, no fueron aceptadas a discusión y por tanto fueron desechadas.
Los artículos reservados se aprobaron por 267 votos a favor, 94 en contra y 2 abstenciones, en los términos del dictamen.
El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite legislativo conforme lo establece el artículo 72 de la Constitución Política.