Este martes, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, compareció Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien fue cuestionada por desvíos de recursos a través de contratos otorgados por esta dependencia y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a diversas universidades públicas.
Indicó que el primer paso de esta reforma fue la creación de la Sedatu. Una dependencia que, por primera vez, asumía que el territorio es el continente donde aterrizan las políticas públicas y que el desarrollo urbano y regional debían partir de principios rectores fundamentales.
En segundo lugar, añadió, se transformó completamente el paradigma de la política de vivienda, pues se pensó que no sólo era un derecho social, sino un elemento ordenador del desarrollo urbano.
Sostuvo que, de 2015 a 2016, el PIB del sector creció 11 puntos porcentuales y se han recuperado los empleos perdidos.
Por otra parte, dijo que con el programa de rescate público se estableció una estrategia de prevención a partir de acciones de habilitación y rehabilitación en más de 5 mil espacios públicos, de los cuales mil 500 son nuevos con impacto en más de 4 millones de hogares.
Afirmó que la política de desarrollo urbano del gobierno mexicano ha alcanzado un reconocimiento internacional, porque desempeñó un papel activo durante la Cumbre Mundial Hábitat III.
Asimismo, recalcó que, de manera oportuna, desde las primeras horas, por órdenes del presidente de la República, miles de servidores públicos del gobierno federal se trasladaron a las zonas afectadas por los sismos del año pasado para instalar albergues, apoyar en la ayuda humanitaria y levantar el censo de damnificados.
La Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) cuestionó a la funcionaria ¿por qué los contratos establecidos entre la Sedatu y la Sedesol con las universidades y sistemas públicos de radio y televisión se realizan sin efectuar licitaciones públicas? Y ¿cuál fue el destino final de los 708 millones de pesos repartidos en efectivo a las empresas involucradas en estos contratos?
Al respecto, Robles Berlanga dijo que los convenios establecidos por Sedesol y por Sedatu son absolutamente legales, y que se convino hacer estos contratos porque en las universidades está el talento de México.
“Quiero ser muy clara y muy enfática. A la Sedatu y a la Sedesol, como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas y somos respetuosos, por ley, de los procedimientos que ellas misma se dan”, explicó.
Por su parte, la Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) destacó que la funcionaria forma parte de una red de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto y que el hecho de que su firma no aparezca en contratos no la exime de responsabilidades, pues es la titular en la cadena de mando.
Ante esto, Rosario Robles mencionó que la investigación periodística que habla de estos convenios con las universidades señala a 11 dependencias públicas y 8 universidades, pero se tomó la decisión editorial de poner el nombre y la cara de una mujer, lo cual “se llama violencia política de género”.
Más adelante, la Diputada del PT, Lizeth Sánchez García manifestó que si la mal llamada Cruzada contra el Hambre y los resultados de los programas fueran reales y llegan de manera eficaz ¿por qué las y los mexicanos se sienten abandonadas por el gobierno?
En este sentido, Rosario Robles reiteró que bajo su dirección no se firmó ni un solo contrato con ninguna empresa que se ha mencionado, sino con universidades públicas. Dijo que en ningún caso se han hecho imputaciones personales.
Olga Juliana Elizondo Guerra, Diputada del PES, preguntó ¿cuál fue el trabajo de la dependencia para construir una nueva estrategia nacional de ordenamiento territorial eficiente y cuál considera que es la tarea más importante que queda pendiente?
La compareciente subrayó que en este sexenio se avaló la reforma urbana y se creó esta dependencia para sentar las bases de una estrategia nacional de ordenamiento territorial a 20 años y continuar con una visión de largo plazo.
Del PRI, el Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez rechazó las expresiones dolosas y falsas en contra de la funcionaria y el gobierno federal que se han expresado en tribuna. Afirmó que su grupo parlamentario no permitirá que saquen beneficio político de esta comparecencia.
Rosario Robles recalcó los beneficios de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual establece las primeras bases y plantea desafíos en temas como la gobernanza metropolitana.
Por su parte, la Diputada Adriana Dávila Fernández (PAN aseveró que la actuación de la funcionaria como titular de Sedesol y Sedatu está cubierta por el manto del lucro electoral, el enriquecimiento ilícito y la impunidad.