En el pleno del Senado de la República, se aprobaron en votación económica, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que contiene tres puntos de acuerdo que tiene como objetivo garantizar un presupuesto justo en el ejercicio 2019 para garantizar y proteger a los defensores de Derechos Humanos
El primer punto de acuerdo que contiene este dictamen, tiene como propósito exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos suficientes destinados al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de dar continuidad a las medidas preventivas a las personas que se encargan de defender los derechos humanos. Asimismo, en el dictamen, se detalla que es adecuado solicitar un informe pormenorizado sobre la ejecución de los recursos en el Fondo Nacional de protección durante el ejercicio fiscal 2018, con el objetivo de contar con los elementos suficientes que permitan conocer a plenitud su labor y necesidades para ejercer su labor.
Por otra parte, el segundo punto de acuerdo del dictamen, tiene como objetivo solicitar al Gobierno Federal la información y documentación presentada por la Delegación Oficial del Estado Mexicano y de las instancias competentes de los órganos de Naciones Unidas sobre la presentación de la Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal y del Comité de Desapariciones Forzadas para dar un informe que permita analizar las acciones legislativas derivadas de las recomendaciones que fueron presentadas al Estado en ambos ejercicios internacionales enfocados a los derecho humanos.
Finalmente, se presentó un punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a incorporar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019, los recursos suficientes para que las instituciones que se dedican a promover, impulsar mejoras continuas que garantizan la promoción y defienden los derechos humanos en México, tengan los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades que se deriven de sus programas de trabajo para continuar con sus tareas de protección de los derechos humanos.
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