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Aunque el matrimonio infantil está prohibido en las 32 entidades del país, pues el Código Civil Federal establece que la edad mínima para casarse son 18 años, esta práctica violatoria de los derechos de los menores se sigue llevando a cabo en México y afecta a 4.45 por ciento de las adolescentes entre los 12 y los 17 años.
Es por ello que la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que autoridades de los tres órdenes de gobierno adopten medidas para prevenir los matrimonios con menores.
“Establecer que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deban adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal e informal o consuetudinaria”, detalló la legisladora.
En la reunión de trabajo se subrayó que estas medidas deben establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, con discapacidad, en situación de movilidad o en exclusión social.
“Hay prácticas que, bajo el argumento de ser usos y costumbres, se siguen presentando y violentando los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”, apuntó la diputada Norma Angélica Aceves García, del PRI.
Las diputadas integrantes de esta comisión respaldaron el dictamen, toda vez que de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 42.4 por ciento de mujeres en localidades rurales se unieron o se casaron antes de los 18 años.
“Me da mucho gusto que esto se esté cristalizando en una aprobación de la ley”, externó la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del PAN.
La diputada presidenta de la comisión, Herrera Anzaldo, explicó que el dictamen se deriva de iniciativas de todos los grupos parlamentarios, y fue un esfuerzo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, así como el DIF.