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“Fortalecer la autonomía e independencia de todos los poderes judiciales locales, es uno de los principales retos para la impartición de justicia”, destacó la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, durante la inauguración de los “Diálogos Parlamentarios: Digitalización y Autonomía Judicial para la Pacificación Social”.
En el evento organizado por la Mesa Directiva, la legisladora resaltó que la justicia es el camino para la pacificación social, por lo que es importante contar con un Poder Judicial fortalecido, cuyas garantías institucionales estén en la Constitución, y donde la digitalización acerque a la población a la justicia.
Durante su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva afirmó que la autonomía e independencia debe sustentarse mediante preceptos desde el ámbito constitucional y en pleno respeto a la autonomía de las entidades, por lo que llamó a garantizar la seguridad de las personas juzgadoras, evitando intromisiones de otros poderes.
Asimismo, Sánchez Cordero recordó que recientemente impulsó dos iniciativas ante el Senado, para atender la necesidad de blindar la Constitución a los poderes judiciales locales de injerencias externas, así como para ampliar los alcances de los juicios en línea.
La justicia digital busca incorporar el uso de las tecnologías a las formas de gestión del sistema judicial, explicó el presidente de la Comisión de Justicia, senador Rafael Espino de la Peña (Morena), quien se pronunció por adoptar soluciones digitales para acercar a las personas a la justicia.
En tanto, la secretaria de la Mesa Directiva, senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz (PVEM) llamó a probar el uso de tecnologías emergentes en diferentes procesos judiciales, pues advirtió que, de avanzar a una justicia digital, se podría fortalecer el combate a la ciberdelincuencia.
En su intervención, Armando Maitret Hernández, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, consideró es necesario establecer una orden desde la Constitución, para que las Legislaturas y las entidades federativas, asuman el compromiso de Estado de dotar a todos los órganos de impartición de justicia de los instrumentos normativos para transitar a la justicia digital.