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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general (420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones) y en lo particular, el dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El dictamen se remitió al Ejecutivo Federal para su publicación en el DOF.
Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, deputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN) señaló que uno de los objetivos de esta iniciativa es fortalecer el marco jurídico y facilitar la recuperación de activos a fin de hacer más eficaz el combate a la delincuencia organizada. Asimismo, precisó que la ley responde a un mandato constitucional que permitirá la recuperación de bienes provenientes de actos relacionados con la delincuencia organizada. Sin embargó, puntualizó que las herramientas aún son perfectibles.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), manifestó que la extinción de dominio representa una herramienta para erradicar la impunidad y los vacíos jurídicos a efecto de tener resultados para atender la armonización legal y formal para recuperación y administración de los recursos decomisados. Además, dijo que con esta iniciativa se establecen medidas de coordinación con autoridades internacionales y a nivel bilateral y multilateral para poder asegurar y recuperar bienes que se consideren obtenidos o generados por actividades delictuosas.
Posteriormente, al realizarse los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado Marco Antonio Gómez Alcántar (PVEM) expuso que la reforma tiene como objetivo que los actos ilícitos no puedan ser vistos como área de oportunidad para crear un patrimonio, por lo que no pueden gozar de garantías jurídicas, expresó. Destacó que con la reforma se dan las herramientas suficientes para debilitar las acciones ilícitas a través de la disminución de sus activos.
De su lado, la diputada del PRD, María Guadalupe Almaguer Pardo, acotó que el objetivo de la extinción de dominio es proporcionar a la sociedad un beneficio para resarcir los daños ocasionados por la delincuencia organizada y por los conflictos armados. Sin embargo, externó que existen riesgos, toda vez que se bajan los requisitos para la autoridad y se lesionan los derechos de propiedad para los ciudadanos y anunció que su grupo parlamentario votaría en contra del dictamen.
En su oportunidad, en la representación del legislador Juan Carlos Villareal Salazar, MC destacó la importancia de que los gobiernos tengan las herramientas para combatir y desarticular la delincuencia organizada y subrayó que a través de la extinción de dominio se permitirá incautar los bienes producto de actos ilícitos. Aunque dijo que su bancada estaba a favor de la ley, comentó que presentarían reservas para perfeccionarla y evitar afectar a los grupos más vulnerables.
En tanto, la diputada Ana Ruth García Grande (PT) se pronunció a favor de cualquier tarea que conjunte los afanes de todos los legisladores en beneficio de los ciudadanos y se manifestó a favor del contenido de la minuta al expresar que es un paso para atacar los flagelos que privan en el país. No obstante, señaló que el proyecto puede mejorar para que este marco regulatorio sea más eficaz y garantizar la extinción de dominio en los grandes delitos que laceran a los ciudadanos.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada del PES Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, refirió los términos y contenido del dictamen. Posteriormente, argumentó que la reforma garantiza seguridad jurídica a toda persona al establecer que la extinción de dominio está apegada al artículo 22 constitucional, en este sentido, enfatizó que su grupo parlamentario apoyaría dictamen, pues con ello se debilitará la delincuencia organizada, su fuente de ingresos y contribuirá a la disminución del índice delictivo, aseveró.
Por parte del PRI, fue la diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán quien dijo que “las leyes por sí mismas no solucionan los problemas de la realidad y serán tan eficaces y eficientes como el uso que se haga de ellos y como claros y concisos sean los procedimientos que se enuncien en las mismas”. En este sentido, comentó que el objetivo de la ley es loable, por lo que externó su deseo de asegurar que esta herramienta sea utilizada con responsabilidad y expresó que existe preocupación por los alcances de este instrumento como un elemento de censura a las voces opositoras, puntualizó.
La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN) manifestó su voluntad por propiciar una efectiva aplicación de la extinción de dominio y que esta sea el principal instrumento del gobierno para recuperar activos provenientes del crimen y la corrupción. Asimismo, enfatizó que su grupo parlamentario está comprometido con la creación de herramientas eficientes para combatir las estructuras financieras de las bandas delictivas, para que sean un instrumento operante y funcional en beneficio del país. Aunque dio a conocer que estarían a favor del dictamen, en lo general, anunció que presentarían reservas al dictamen.
Finalmente, el legislador de Morena, Rubén Cayetano García comentó que con la propuesta se apuntalan las acciones que el Ejecutivo ha emprendido en materia de justicia, acciones que abonarán a la recuperación de la confianza del pueblo hacía sus gobernantes. Exaltó que los bienes incautados pasarán al Estado y serán utilizados para restituir a la sociedad parte del bienestar perdido por los delitos. Añadió que el usufructo se destinará a programas sociales, obras y otras políticas prioritarias, así como a funciones del servicio público en favor de la gente, “nunca para gasto corriente, ni para salario de los funcionarios”, concluyó.
Luego de la votación, en lo general, se dio paso a la presentación de reservas por parte de las y los legisladores, donde cerca de 35 oradores expusieron sus propuestas sin que ninguna fuera avalada, por lo que la presidencia de la Mesa Directiva instruyó a abrir el tablero electrónico. Con 291 votos a favor, 114 en contra y cinco abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló el dictamen por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.